REPORTE SEMANAL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE COVID19

08 de julio de 2020 - Perú. Año 1, #8

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EDITORIAL

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REACTIVACIÓN SIN CONTAMINACIÓN

¿Cómo nos imaginamos el Perú post pandemia? Se abren dos grandes opciones ante nosotros, y lo que ocurrirá depende de decisiones que se están tomando ya mismo. Por un lado, podemos tomar esta crisis como una oportunidad para aprender las lecciones de la Naturaleza e iniciar un crecimiento distinto, respetuoso de los ciclos de la Tierra. O por el contrario, la urgencia de la reactivación puede llevar a profundizar la degradación ambiental para obtener beneficios económicos a corto plazo.
 
Está bastanta claro para la ciencia que la aparición de nuevas enfermedades está asociada a la transmisión de patógenos que se encuentran naturalmente en poblaciones animales, lo que ocurre con mayor frecuencia debido a la degradación y fragmentación de sus hábitats. Esto puede producirse por diversos motivos, desde el tráfico de especies silvestres hasta la irrupción de megaproyectos de infraestructura o actividades extractivas legales e ilegales. Así pues, una lección central de esta crisis debiera ser la urgencia de detener la degradación ambiental.
 
A ello se suman otros factores que debieran servirnos como incentivos para la transformación ambiental, por ejemplo la caída de los precios del petróleo, que nos muestra la volatilidad de este sector que es, en términos económicos, sociales y ecológicos, un mal negocio para el futuro.
 
Este escenario permitiría imaginar una reactivación económica distinta: inversión en energías limpias, generación de puestos de trabajo en sectores ambientalmente sostenibles, consensos en torno a la protección de ecosistemas frágiles, fortalecimiento de las normas ambientales y desincentivos a las actividades más contaminantes.
 
Vemos, sin embargo, que muchas de las decisiones que se vienen tomando en el país nos encaminan hacia la dirección contraria. “Consultas virtuales” para proyectos extractivos en territorios indígenas, megaproyectos como los de Paracas y Chancay que impactarán negativamente en el entorno natural, otorgamiento de nuevos lotes petroleros en la costa peruana, fraccionamiento de multas ambientales previas impuestas por OEFA, préstamos de Reactiva Perú a las empresas mineras más contaminantes. Todo esto muestra que las lecciones ambientales de la crisis no se están tomando en cuenta.
 
Esta es una disputa abierta no solo en el Perú, sino en el mundo. Mientras en Alemania y otros países se viene planteando una reactivación con criterios climáticos, que ponga énfasis en las fuentes de energía renovables y los sectores más sostenibles, existe el riesgo de que los faraónicos planes de reactivación con inversión en infraestructura, como los que está planteando China, signifiquen una mayor presión por materias primas sobre los territorios y una intervención más agresiva en los hábitats naturales.
 
Desde aquí insistimos en que la reactivación no puede ser “más de lo mismo”, y que esta crisis debe ser tomada como una oportunidad para construir una economía respetuosa de los derechos de las personas y de la Naturaleza.
 
 

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NOTICIAS


Arequipa: minera Bateas confirma muerte de uno de sus trabajadores

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La empresa minera Bateas, ubicada en la provincia de Caylloma en Arequipa, informó ayer 5 de julio del fallecimiento de un trabajador de la contratista Ligabue que presta servicios en la unidad minera.
 
La empresa informó que como parte de su programa de control de incidencias COVID-19, este trabajador fue examinado dando resultado negativo a la prueba rápida, habiendo pasado favorablemente su última inspección médica. Asimismo señaló que se encontraban en permanente coordinación con Ligabeu y con las autoridades, para brindar todas las facilidades a la investigación que determine las causas de su deceso.
 
Sin embargo pobladores del distrito de Caylloma y dirigentes del Frente de Defensa de Caylloma (FUDICAY) responsabilizaron sobre esta extraña muerte a la minera Bateas y que probablemente se deba al COVID-19.
 
A través de un comunicado emitido por la minera Bateas, anunció  la suspensión temporal de sus operaciones en la unidad minera por un periodo de 14 días. En este  tiempo realizarán una desinfección general de toda la unidad para cumplir y exigencias de los protocolos y evitar una potencial propagación del COVID-19.
 
Por otro lado un grupo de familiares del trabajador fallecido ha realizado una simbólica manifestación en el valle de Majes, en contra de la minera Bateas por la negativa a entregar el cuerpo del joven trabajador que en extrañas circunstancias falleció en la unidad minera.
 
Los familiares exigen que la minera Bateas se haga responsable de los daños causados y se hagan responsables ante su esposa, hijos, padres y familiares. Asimismo reiteran y piden el apoyo de las autoridades del gobierno regional Arequipa, autoridades de la provincia de Castilla, del distrito de Caylloma y FUDICAY para el esclarecimiento y las causas de esta muerte, debido a que Bateas niega la versión que sea a consecuencia del virus.
 

 

 

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Hochschild detiene operaciones en Perú tras brote de COVID-19

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Varios trabajadores de la operación Inmaculada de la empresa minera de plata y oro Hochschild Mining, en el sur de Perú, han dado positivo por COVID-19, a pesar de las medidas preventivas vigentes, incluido un programa integral de pruebas y cuarentena para todos los empleados.
 
La compañía con sede en el Reino Unido ha detenido temporalmente las operaciones. Inmaculada continuará con una fuerza laboral reducida operando actividades de cuidado y mantenimiento en el sitio.
 
Con información de Minería En Línea
 
 

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Rechazan “consulta previa virtual”

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Ante las declaraciones de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, en relación a la posibilidad de que se realicen procedimientos de consulta previa en forma virtual para grandes proyectos extractivos, las organizaciones indígenas AIDESEP, ONAMIAP, CCP, CNA y CONAP, junto con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, difundieron un pronunciamiento en el que expresan su rechazo a esa posibilidad. 
 
“Consideramos inadmisible que el Gobierno pretenda sacar adelante proyectos de inversión virtualizando el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas u originarios. Las reuniones virtuales no son un mecanismo tradicional de deliberación y menos de toma de decisiones de los pueblos indígenas u originarios, por ello carece de pertinencia cultural. Los ritmos virtuales son muy rápidos y tienen dinámicas distintas que imposibilitan establecer un proceso de traspaso de información y análisis culturalmente adecuado, más aún tomando en consideración los propios y diversos medios que los pueblos indígenas u originarios tienen para formar su opinión, deliberar y tomar decisiones”, se lee en el pronunciamiento.
 
“En la actualidad, en gran parte de los territorios donde habitan los pueblos indígenas u originarios existe una brecha de conectividad y escaso acceso a Internet. Estos no cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para conectarse adecuadamente, y nunca han accedido o no tienen conocimientos sobre cómo utilizar plataformas virtuales de comunicación”, agregan.
 
“Las declaraciones de la ministra Alva colocan en un grave riesgo de desprotección a los pueblos indígenas u originarios, y en la práctica termina vulnerando el derecho a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado”, enfatizan las organizaciones.
 
Cabe agregar que eecientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el cual alerta sobre la especial situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios. La recomendación 4 de dicho comunicado solicita a los Estados parte, dentro de los cuales se encuentra el Perú, que no promuevan la autorización de proyectos extractivos en territorios de los pueblos indígenas debido a la imposibilidad de llevar adelante procesos de consulta previa.
 
Con información de la Coordinadora Nacional de DDHH
 

 

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Loreto: Petrolera Frontera Energy condiciona oxígeno a cambio de reiniciar sus actividades

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Según informó PUINAMDT, la empresa petrolera Frontera Energy, operadora del Lote 192, ha condicionado la activación de la planta de oxígeno que posee a cambio de reiniciar sus actividades extractivas. Lo hizo ante el pedido de comunidades indígenas de la zona las cuales presentan grandes índices de contagios de COVID-19.
 
La empresa sentó su posición en una reunión el 26 de junio, con presencia de las federaciones FEDIQUEP y FECONACOR, las comunidades de Porvenir, Nuevo Andoas y Jardines, así como Perúpetro y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
 
Frontera Energy fue explícita al exigir que las comunidades del lote entreguen actas con nombres y firmas acordando garantizar operaciones sin restricciones ni bloqueos; que el Estado garantice las operaciones y que se garantice el funcionamiento continuo del Oleoducto Norperuano. 
 
Desde inicios junio, autoridades comunales sobre cuyos territorios se asienta el lote acordaron solicitar la activación de la planta de oxígeno al Estado, ante la inminente llegada de la pandemia. 
 
Cabe precisar que recientemente las comunidades indígenas han denunciado que en el Lote 192 han ocurrido 6 derrames de petróleo de Frontera Energy que permanecen sin remediar desde febrero. Las comunidades exigen además remediación ambiental sobre estas áreas, sin embargo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental no responde los mecanismo por los cuales se operará la remediación.
 
En una carta al Defensor del Pueblo, las federaciones señalan que consideran el hecho “un atentado contra nuestras vidas y la vida nuestros hijos, hijas, madres, abuelos y abuelas”. “Exigimos que el Defensor del Pueblo medie en este crimen perpetrado contra nosotras y nosotros y se pronuncie con severidad contra un Estado que evidentemente quiere desaparecer a los pueblos indígenas y beneficiar a las grandes empresas que destruyen y atentan contra nuestros derechos a la salud, al ambiente y  LA VIDA”, señala la carta.
 
Con información de PUINAMUDT

 

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Madre de Dios: Empresa maderera pone en riesgo a pueblo en aislamiento

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La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes ha hecho pública su enorme preocupación y rechazo por el ingreso de la empresa maderera Canales Tahuamanu S.A.C al área ampliada de la Reserva Territorial Madre de Dios. El personal y maquinaria de la empresa se encuentran operando en territorio del pueblo Mashco Piro en aislamiento, existiendo un alto riesgo de conflictos, contactos forzados y transmisión del COVID-19, dada la alta vulnerabilidad epidemiológica de los pueblos en aislamiento. El ingreso de la empresa fue autorizado por el Ministerio de Salud, y hasta la fecha cuenta con el silencio del Ministerio de Cultura, pese a que FENAMAD ha alertado en varias ocasiones sobre la urgencia del caso sin recibir respuesta del Estado. Esta situación pone en riesgo de exterminio al pueblo Mashco Piro y representa un incumplimiento a la medida cautelar 262-05, otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de su vida e integridad.
 
Con información de FENAMAD y Servindi

 

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Minera Hudbay tiene 42 trabajadores contagiados con COVID-19 en Cusco

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Imagen: La República

 

Según la Red de Servicios de Salud de la provincia de Chumbivilcas, 42 trabajadores de la minera Hudbay Perú están contagiados con coronavirus. No obstante, no precisa si los contagiados estaban laborando en la mina Constancia o fueron detectados antes del relevo de personal que se realiza cada cierto tiempo.
 
La red de salud está haciendo un seguimiento de los casos que registran la empresa minera que opera entre los distritos de Velille, Livitaca y Chamaca, respectivamente.
 
Con información de La República
 
 

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Apurímac: denuncian a minera Las Bambas por contagios de COVID-19 en Challhuahuacho

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Mediante un pronunciamiento, las organizaciones sociales del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac, responsabilizaron de los recientes contagios de COVID-19 en la zona a la empresa minera las Bambas.
 
En el mismo denuncian que los 5 casos de contagios del virus en el distrito se deben a que la minera Las Bambas ha expuesto a sus trabajadores por que se desplazan en sus transportes de concentrados, así como enviando a los trabajadores a que se hagan pruebas de descarte a las clínicas locales.
 
Igualmente denunciaron que el gobierno estaría beneficiando a la empresa minera para que pague el canon correspondiente el año 2024. Señalan que eso es una “traición” debido a las enormes necesidades que tienen el distrito y la provincia, sobre todo cuando los centros de salud necesitan de equipamientos como pruebas de descarte, tanques de oxígeno, respiradores mecánicos, entre otros.
 
Cabe recordar que durante el año pasado se abrieron una serie de mesas de diálogo temáticas de trabajo entre el gobierno central, autoridades locales, empresa y dirigentes sociales a raíz de varias protestas de las comunidades. Las mesas buscaban encausar una serie de demandas de la población respecto al uso del corredor vial sur y los impactos socioambientales que tiene el proyecto minero Las Bambas en la región.
 
 
 

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Piden ratificar sentencia contra empresa deforestadora

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A casi un año de la emblemática sentencia sobre el caso Tamshiyacu, organizaciones de la sociedad civil están pendientes, desde diciembre, para que Poder Judicial fije fecha al caso. En este caso, la empresa Cacao del Perú Norte, sucursal local de United Cacao, fue sentenciada por  tráfico ilegal de productos forestales maderables.  Se espera que el Poder Judicial programe las fechas de las instancias finales que reafirmen las sanciones contra la empresa, ahora conocida como Tamshi. 
 
Para Clémence Abbès, encargada del proyecto “Protegiendo la Amazonía” de Oxfam en Perú, la coyuntura actual de reactivación empresarial es el momento preciso para que este tipo de casos tengan una sentencia definitiva que signifique un mensaje ante cualquier intento de vulnerar las normas que protegen el territorio peruano en el marco ambiental y, sobre todo, a la población que se ve afectada. 
 
“La coyuntura actual de reactivación económica puede traducirse por una mayor presión hacia los recursos naturales en Amazonía, y esta reactivación se tiene que hacer con protecciones ambientales y territoriales. La activación económica no tiene que fomentar más amenazas contra bosque y los derechos a la tierra de pequeños campesinos y comunidades indígenas”, señala  Abbès.
 
Por su parte, Jean Pierre Araujo, de la SPDA, consideró que programar lo antes posible las instancias finales del caso Tamshiyacu sería un claro mensaje del Poder Judicial en medio del regreso de actividades empresariales y de futuros proyectos en zonas amazónicas.
 
“En un contexto de reactivación económica creo que es importante que haya muestras del sistema judicial y que este te diga que hay cosas que no pueden flexibilizarse o entenderse de una manera laxa, como es la protección ambiental y la conservación de recursos naturales”, indicó Araujo.
 
Con información de Actualidad Ambiental
 

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Cusco: Policía interviene reunión de organizaciones sociales que piden bono solidario 

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Imagen: DHSF

 

Efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieron a un grupo de dirigentes de la provincia de Espinar que estaba reunido para tratar la entrega de un bono solidario de S/ 1000 a favor de la población que atraviesa una aguda crisis económica por efecto de la cuarentena nacional por el COVID-19.
 
El hecho ocurrió el 30 de junio a las 11:00 de la mañana cuando los representantes del Frente Único de Defensa de los Intereses de las bases distritales de Pallpata, Coporaque y Espinar, Comité de Lucha Provincial, Rondas Campesinas, Sindicato de Construcción Civil, Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Espinar, Sindicato de Comerciantes, Asociación de Restaurantes y otras organizaciones esperaban al equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Espinar en el local de la Federación Unificada de Campesinos de la Provincia de Espinar (FUCAE). Aproximadamente había 15 personas.
 
La asamblea multiorganizacional tenía por agenda una exposición del equipo técnico de la municipalidad en relación al proyecto “Mejoramiento del servicio de capacidades socioeconómicas para la reactivación económica familiar”, el cual sustenta técnicamente el subsidio económico con un presupuesto total de 50 millones de soles proveniente de los aportes del Convenio Marco Espinar del Convenio Marco de Espinar.
 
Los dirigentes estaban cumpliendo con los protocolos de seguridad para evitar posibles contagios de COVID-19 como el uso de las mascarillas y la distancia social de más de un metro entre personas.
 
Apenas llegaron los funcionarios de la municipalidad, aparecieron 3 agentes policiales a la reunión. Ellos manifestaron que están prohibidas las reuniones durante el Estado de Emergencia, luego cerraron la puerta del local y amedrentaron a los dirigentes indicándoles de no grabar la intervención, de lo contrario serían conducidos a la dependencia policial para ser procesados y multados por infracción.
 
Minutos después, los efectivos llamaron a la comisaría para pedir un contingente policial de refuerzo, el cual se hizo presente con un aproximado de 30 policías que rodearon las calles adyacentes por más de 30 minutos. También llegó el jefe militar de la zona y el comisario de Espinar. Este último ratificó que no se pueden realizar reuniones por el Estado de Emergencia y exhortó a los dirigentes a utilizar herramientas tecnológicas para reunirse de forma virtual. Después, el grupo de dirigentes fue dejado en libertad.
 
El presidente del Comité de Lucha Provincial de Espinar, Rolando Condori, consideró la intervención como una intimidación y a la vez advirtió de un posible seguimiento a los dirigentes que están a favor del bono solidario y critican la posición de la empresa minera Antapaccay. “La empresa minera creo que ya activó el protocolo para que el pueblo no se organice, pero yo estoy viendo que la población ya está por rebalsar (su indignación) y (eso) es algo que no se puede controlar”, declaró.
 
Finalmente, expresó su indignación por el desinterés de las autoridades competentes frente a las protestas y cacerolazos en la provincia debido a la postura en contra del bono por parte de la empresa Antapaccay. Esta situación podría convertirse en un conflicto social si no se soluciona cuanto antes, mencionó. “El pueblo lo que está haciendo solamente es tratar de reunirse y coordinar unas acciones, pero la Defensoría del Pueblo, la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) no están haciendo nada para que no rebase el pueblo en una acción social. La población se siente sin autoridades… el Gobierno Regional (de Cusco) y la Policía Nacional (del Perú) no intercede para que esto pueda llegar a un buen puerto y por eso nosotros estamos cansados”, concluyó el dirigente.
 
Con información de Derechos Humanos Sin Fronteras
 

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El grupo del banquero más rico del Perú recibió S/152 millones avalados por el Estado 

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Carlos Rodríguez Pastor es dueño del Grupo Intercorp y su fortuna se estima en US$4.200 millones (S/14.700 millones), según la lista Forbes. Un monto equivalente a casi la mitad de los fondos dispuestos por el Gobierno en la primera etapa de Reactiva Perú, el programa para ayudar a las empresas afectadas por la pandemia. Antes de acudir a préstamos regulares, el aporte de capital o liquidar activos de su organización, 18 subsidiarias del imperio del hombre más rico del país se acogieron a este fondo estatal y consiguieron préstamos por S/152 millones, equivalentes al 3,6% de su riqueza privada.
 
Con información de Ojo Público
 

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CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD

 

 

 


 

VIDEOS

¿Qué sucede con las trabajadoras de limpieza pública de la Municipalidad de Lima?https://youtu.be/JP0yt3NcV14

Fuente: IDLADS



Derechos en Emergencia - Reporte Semanal sobre Empresas y Derechos Humanos en Tiempos de COVID19, es una publicación de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA y 11.11.11.

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