REPORTE SEMANAL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE COVID19

01 de julio de 2020 - Perú. Año 1, #7

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EDITORIAL

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FASE 3: CUIDADO CON LA "CARRERA HACIA EL FONDO"

El martes 30 de junio, el Gobierno anunció el inicio de la denominada “fase 3” de la reactivación económica. Sin embargo, en lo que respecta a los derechos de las personas, este anuncio no parece indicar un paso hacia adelante, sino un retroceso.

Uno de los anuncios realizados pone el énfasis en la urgencia de reactivar el sector minero, la gallina de los huevos de oro en el Perú, uno de los grandes aportantes de divisas al país. “Como Gobierno somos conscientes del importante soporte económico financiero que nos da la actividad minera y por ello le brindamos una atención especial”, ha expresado claramente el premier Vicente Zevallos.

En esa línea, la titular de Economía, María Antonieta Alva, anunció el reinicio de un grupo de grandes proyectos que se encontraban detenidos por la crisis, como la ampliación de Toromocho, Quellaveco y Mina Justa.

Lo preocupante ha sido el anuncio de que el derecho a la consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas se podría realizar de manera “virtual”, por lo menos en algunos casos. En concreto, el anuncio fue hecho para el proyecto aurífero San Gabriel, en Moquegua, a cargo de la empresa Buenaventura. En este caso la consulta previa se realizaría de manera virtual salvo la última etapa, la del diálogo, la misma que tendría que realizarse de manera presencial. La ministra abrió la posibilidad de usar esta misma metodología para otros proyectos, por ejemplo para la denominada “Integración Coroccohuayco”, que no es sino una nueva ampliación del proyecto Tintaya-Antapaccay (Cusco) a cargo de Glencore.

Es muy cuestionable abrir la puerta a la realización de “consultas virtuales”. Si ya las consultas presenciales dejan mucho que desear en cuanto a la calidad de la información brindada y a los limitados esfuerzos del Estado por realizar procesos realmente interculturales, que atiendan a la diversidad de realidades de los pueblos indígenas, ¿cómo se pretende garantizar el derecho a la consulta por medios virtuales? Para empezar, existe una enorme brecha en cuanto a la velocidad de conexión en las zonas rurales del país, por no hablar de las brechas de apropiación de la tecnología, brechas idiomáticas, entre otras. Pensar que el derecho a la consulta, consagrado en instrumentos internacionales de derechos humanos, puede reducirse a un mero trámite virtual, es no entender la complejidad de estos procesos.

También preocupa la lógica de la “autoregulación” que se evidencia en el Decreto Supremo 117-2020-PCM, que aprueba la Fase 3 de la reanudación de actividades económicas. Según establece esta norma, las empresas deberán elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, el mismo que se debe remitir al Ministerio de Salud vía correo electrónico “con lo cual (…) se entenderá que la entidad, empresa, persona jurídica o núcleo ejecutor cuenta con autorización automática para iniciar operaciones”. ¿Aprobación automática para un asunto que pone en riesgo la salud de los trabajadores y de las comunidades? ¿Tan rápido se ha olvidado tragedias como la deflagración de Villa El Salvador, que fue producto precisamente de la “aprobación automática” aprobada para “agilizar las inversiones”? Con antecedentes como aquel, es legítima la duda acerca de que este sea el mejor mecanismo para garantizar la debida diligencia por parte de las empresas.

Consultas “virtuales” y “autoregulación” son síntomas claros de que el país se embarca en una nueva “carrera hacia el fondo” para desmantelar las pocas normas que buscan la defensa de los derechos de las personas, en aras de la urgencia de la reactivación económica. ¿No aprendemos la lección?

 
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NOTICIAS


Aplicativo permite mapear vulneraciones a los derechos humanos por parte de empresas en el Perú

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Un nuevo aplicativo en la web permite mapear las afectaciones a los derechos humanos por parte de empresas en el Perú. Se trata de una iniciativa lanzada esta semana por la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y DDHH. El aplicativo incluye vulneraciones relacionadas al contexto de emergencia sanitaria por COVID19, así como otras afectaciones.

El mapa se encuentra en este enlace y permite filtrar la información según empresa, región, provincia y distrito. La iniciativa incluye información relacionada con empresas agroexportadoras, mineras, de hidrocarburos, de comercio, entre otras.

Las organizaciones locales que requieran enviar información sobre la vulneración de derechos para que sea incluida en esta plataforma, pueden enviar un correo a: empresasyddhh@dhperu.org.

Esta iniciativa ha sido posible gracias al apoyo de 11.11.11 y Pan para el Mundo.

 

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Lanzan segunda etapa de Reactiva Perú sin resolver cuestonamientos

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que ya se inició el proceso de subastas de la segunda etapa del programa Reactiva Perú, que comprende recursos por 30,000 millones de soles.

“Se lograrán tasas de interés sumamente bajas para las empresas como en la primera etapa. Pero donde se verá más el impacto de estas tasas preferenciales será en las micro y pequeñas empresas (mypes)”, aseguró el presidente en su conferencia de prensa habitual en Palacio de Gobierno.

Sin embargo, aún no se han resuelto los cuestionamientos a la primera etapa de este programa de créditos con aval del Estado. Como se recuerda, en la primera etapa se asignaron 24 mil millones de soles en créditos, pero la mayor parte de dicho monto fue a parar a grandes empresas. Incluso, muchas de ellas habían solicitado la suspensión perfecta de trabajadores para no pagarles sus salarios durante la emergencia sanitaria, pese a que el objetivo declarado del programa Reactiva Perú era evitar la ruptura de la cadena de pagos. Además, empresas mineras cuestionadas por cuantiosas multas ambientales también se beneficiaron con estos créditos millonarios.

Salvo quejas públicas del premier respecto a la “mala fe” de las empresas y de los bancos privados que otorgaron los créditos con garatía del Estado, estos cuestionamientos no han sido resueltos ni se ha explicado de qué manera se evitará que se repitan situaciones como estas.

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Facilitan la llamada “suspensión perfecta”

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Mediante Decreto Supremo 15-2020-TR publicado el pasado 23 de junio, el Gobierno modificó las exigencias para las empresas que soliciten la denominada “suspensión perfecta” de trabajadores. Con esta modificación, los requisitos previamente establecidos se vuelven “facultativos” y basta con demostrar que sus ventas el mes anterior son “igual a cero”.

De acuerdo al MTPE, las compañías aplicarán esta figura sin recurrir a medidas previas (adelanto de vacaciones, reducción de jornada y salario), siempre y cuando no registren ninguna venta un mes antes de la adopción de dicha figura laboral.

También se dispuso que la verificación de la Sunafil ya no será indispensable, ya que las solicitudes de suspensión se deberán corroborar solo “cuando sea exigible”.

Cabe indicar que al 20 de junio existen 29.519 solicitudes de empresas para acogerse a esta figura, que comprende 282.667 trabajadores.

Con información de La República

 

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Ica: falleció empleado de una contratista de Shougang por COVID-19

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Un empleado de la contratista San Martín, que labora para la minera Shougang Hierro Perú de Marcona, en la región Ica, falleció el jueves 25 de junio por efectos del COVID-19 sin haber sido atendido adecuadamente.

Se trata del ingeniero Javier Jesús Yanayaco Atencio de 60 años. Sus compañeros de trabajo denunciaron que hace varios días que presentó síntomas pero no fue atendido, hasta que se puso grave y fue trasladado sin cumplir ningún protocolo al Seguro de Marcona. Fue trasladado en bus y envuelto en una frazada y una hora después falleció. Según informa el portal Marcona en vivo, había tenido antes contacto con 100 personas.

Asimismo el portal informativo señaló que 2 de los 6 trabajadores de la Contratista San Martín que se encontraban cumpliendo aislamiento en un hospedaje del centro de la ciudad, tuvieron que ir hoy por sus propios medios al ESSALUD de Marcona, ya que habrían presentado los síntomas del COVID-19.

Por otra parte en imágenes enviadas por los mismos trabajadores de la contratista, mostraron las condiciones insalubres en la que los tienen en el hospedaje donde cumplen cuarentena. Señalan que ahora no solo tiene que cuidarse de contraer el virus, sino de otras enfermedades producto de la falta de limpieza e higiene del lugar.

Asimismo los trabajadores de la contratista iniciaron acciones de lucha ante la falta de protocolos de bioseguridad. Exigieron pasar las pruebas rápidas y la prueba molecular, con la finalidad de brindarles garantías y cuidar su salud tras conocer el fallecimiento de su compañero.

Cabe recordar que Shougang Hierro Perú, había paralizado hace dos meses sus operaciones debido a las medidas impuestas en todo el país para evitar la propagación del COVID-19. El 5 de junio pasado la empresa retomó sus trabajos de extracción en Marcona, como parte de la reactivación económica en las empresas mineras, para lo que presentó su plan de vigilancia al Ministerio de Energía y Minas.

Con información del Observatorio de Conflictos Mineros

 

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Chancay: denuncian presiones para aprobar el megapuerto en pleno Estado de emergencia

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El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) convocó para el pasado 27 y 28 de junio, en plena emergencia nacional, a una Audiencia Pública No Presencial para la aprobación de la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de la Etapa 1 del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay”.

Frente a ello, las organizaciones locales agrupadas en la Coordinadora en defensa de los Intereses de Chancay expresaron su rechazo a esta audiencia virtual, señalando que con ello el SENACE “reduce los mecanismos de participación (talleres informativos), acelera el “proceso participativo” de la Audiencia Pública (recortando plazos) y restringe la participación de la ciudadanía”.

“La empresa y las autoridades nacionales, regionales y locales, bajo el pretexto de promover la reactivación económica, tratan de imponer por todos los medios la construcción del Megapuerto en nuestro distrito, recurriendo al atropello y prepotencia, como sucedió en la Audiencia Pública del año 2013 para aprobar el primer Estudio de Impacto Ambiental de TPCH, evento donde no permitieron ingresar a los pobladores directamente afectados por el proyecto. Ahora la Audiencia Pública será sin la presencia de la población afectada”, señala la Coordinadora en un comunicado.

Cabe indicar que el megaproyecto portuario está a cargo de la empresa china Cosco Shipping Ports.

Con información de Defendamos la bahía de Chancay
 

 

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Revelados nuevos abusos de las empresas privadas de la salud

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Tras el acuerdo de la semana pasada con el Gobierno para establecer una “tarifa plana” para las hospitalizaciones por COVID19, nuevamente las clínicas privadas están en el ojo de la tormenta. Esto luego de revelarse los costos inflados de las medicinas que cobran a sus pacientes.

Por ejemplo, un reportaje del programa Cuarto Poder mostró que la clínica San Pablo cobraba S/ 160 por omeprazol, un medicamento que en el mercado puede conseguirse a tan solo S/ 1,30. Tras el escándalo, la propia clínica se vio obligada a emitir un comunicado en el que hace un “mea culpa”, pero no ofrece ajustar los precios de los medicamentos a su valor real en el mercado sino únicamente tener una “tarifa solidaria” para casos de COVID19.

Cabe recordar que esta clínica también se vio involucrada en el escándalo del cobro por exámenes que le hacía gratuitamente el Instituto Nacional de Salud (INS) y luego por el cobro de hasta medio millón de soles para pacientes hospitalizados por COVID19.

Pero esta no es la única clínica cuestionada por inflar los precios de los medicamentos. En redes sociales se difundieron imágenes que muestran cómo la clínica Good Hope cobró más de mil soles por inyectables de paracetamol, que en farmacias se consiguen a unos S/ 20.

Sin duda, una de las lecciones urgentes de esta crisis sanitaria es la necesidad de regular adecuadamente a las empresas privadas de la salud. La salud no puede estar sometida a la lógica del lucro y la usura, menos aún en medio de una pandemia global.

 
 
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EVENTOS

Presentación del Programa Nacional de Acción Comunitaria para Enfrentar la COVID19

Miércoles 1 de julio

Hora: 3:00 PM

Via Zoom. Enlace: https://zoom.us/j/95498659012?pwd=RjJYdGZaK04yc2xueHhDbnBraHNVQT09

 

 

Presentación del Informe: “Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Fecha: jueves 2 de julio
Hora: 10:00 am (Perú)

Vía Zoom. Inscripciones aquí.



COMUNICACIÓN GRÁFICA

 

ACTÚA.PE

 

ANDRÉS (Diario El Comercio)


VIDEOS

¿Quiénes son los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI)? ¿cuáles son las amenazas que vienen sufriendo? https://www.youtube.com/watch?v=68lTimnPqJI

Fuente: IDLADS



Derechos en Emergencia - Reporte Semanal sobre Empresas y Derechos Humanos en Tiempos de COVID19, es una publicación de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA y 11.11.11.

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