REPORTE SEMANAL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE COVID19

16 de julio de 2020 - Perú. Año 1, #8

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EDITORIAL

 

GABINETE PARA LA REACTIVACIÓN

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Con el nombramiento del nuevo gabinete presidido por Pedro Cateriano, el Gobierno da por finalizada la etapa en la que el centro de atención fue la emergencia sanitaria, para abrir una etapa enfocada en la reactivación económica. En esa lógica, parece confirmarse la concepción de reactivación que se impuso en el gabinete anterior, con escaso énfasis en los derechos humanos y las demandas sociales y un sesgo marcadamente a favor de “agilizar” y “destrabar” inversiones.

En su primeras entrevistas, el flamante premier ha explicitado que su objetivo central será el  relanzamiento económico, y ha hablado de destrabar proyectos y de retomar el diálogo con el sector empresarial. Ha hecho énfasis en impulsar la minería, a la cual ha descrito como la  locomotora de la economía nacional” y como “el desarrollo”. También se ha referido al ministerio de Trabajo, donde buscará “agilizar los procesos”, y en sus declaraciones parece entenderse una voluntad de restarle prioridad a las fiscalizaciones laborales.

La trayectoria de Cateriano en el pasado da luces al respecto. Cuando fue ministro de Estado, en el gobierno de Humala, el gabinete impulsó políticas reactivadoras ante la crisis económica global, promoviendo medidas como el denominado “régimen laboral juvenil”, la pretendida imposición del proyecto Tía María y el paquetazo ambiental de la Ley 30230.

El perfil de muchos de los nuevos ministros confirma este enfoque. En Trabajo, por ejemplo, el ministro Ruggiero es un joven abogado que se desempeñaba en el estudio Payet Rey Cauvi Pérez, especializado en derecho empresarial. ¿Priorizará la defensa del derecho a la salud de los trabajadores, o buscará principalmente “agilizar” los protocolos para que las empresas vuelvan a generar ganancias lo más pronto posible?

Dicho sea de paso, el estudio Payet Rey Cauvi Pérez lleva la defensa de la empresa Tamshi SAC, vinculada a un caso de deforestación en la selva de Loreto, según informó Ojo Público.

En este marco, nos preguntamos qué ocurrirá con el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que está en pleno proceso de elaboración. Al respecto, el nombramiento en el Ministerio de Justicia de Ana Neyra, ex secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y con una importante trayectoria en derecho constitucional, genera expectativas de que este proceso continúe en marcha.

Hacemos votos para que el gabinete Cateriano incorpore en las políticas de reactivación económica un enfoque de derechos humanos, y no se vuelva a cometer el error de creer que la urgencia económica se puede resolver sacrificando derechos.

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ESCAZÚ: ¿QUIÉNES SON LOS QUE QUIEREN QUE CONTINÚE EL ASESINATO DE DEFENSORES AMBIENTALES?

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Durante la firma del Acuerdo de Escazú, una imagen de Bertha Cáceres, activista ambientalista asesinada en Honduras. Foto: Mongabay.


Cómo se nota que estamos en la era de la “posverdad”, un nombre muy moderno para el uso político de la mentira. En estos días se ha desatado una campaña feroz contra el Acuerdo de Escazú, un acuerdo firmado por los países de América Latina y el Caribe para proteger tres cosas básicas: el derecho a la información, el derecho a la participación y el acceso a la justicia en temas ambientales. En una operación muy agresiva de desinformación, algunos sectores vienen diciendo cosas que no tienen ninguna relación con el contenido real del Acuerdo.

Se ha dicho, por ejemplo, que el acuerdo significa que “nos quieren robar la Amazonía” y que “el Perú perdería soberanía del 53% de nuestra selva”. Esta es una mentira abierta. El Acuerdo ni siquiera menciona la palabra “Amazonía” en ninguno de sus 26 artículos: se refiere en términos generales a los derechos vinculados a la protección del ambiente, no a algún territorio en particular. Tampoco está en juego ni un centímetro cuadrado de soberanía, pues el Acuerdo es claro en reconocer el “principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”.

Sorprende que algunos actores políticos que nunca se preocuparon por la Amazonía, pongan ahora el grito en el cielo reclamando soberanía. ¿Dónde estaban cuando los pueblos amazónicos se levantaron para defender sus territorios de la concesión indiscriminada a empresas extranjeras? ¿Dónde, cuando capitales de origen foráneo han deforestado decenas de miles de hectáreas? ¿Dónde, cuando inversionistas internacionales han sido responsables de derrames de petróleo que han dañado nuestros ríos? ¿Dónde, cuando el Estado ha firmado acuerdos que sí ceden soberanía, como los acuerdos de comercio e inversiones que permiten a las empresas demandar al Perú ante árbitros internacionales privados?

En ninguno de estos casos, los actuales opositores acérrimos al Acuerdo de Escazú se han manifestado. Y es que no vemos en esta repentina campaña un interés genuino por defender la soberanía o el territorio, sino solo el deseo de mantener todo como está. El Acuerdo busca proteger a los activistas que defienden el medio ambiente, garantizar su derecho a la información y a la participación en las decisiones que pudieran afectar el ambiente, y fortalecer el acceso a la justicia en temas ambientales. ¿Qué significa que alguien pueda oponerse a un Acuerdo que busca promover derechos elementales como estos?

Las personas que defienden el ambiente están expuestas a graves riesgos por parte de los agentes ilegales o legales que buscan explotar sus territorios. En todo el mundo, más de tres personas son asesinadas cada semana por conflictos relacionados con la defensa de sus territorios y el ambiente, según el último reporte de Global Witness. En América Latina, se registran decenas de casos anuales, especialmente en países como Brasil, Colombia, México y Guatemala. En Perú, ¡cómo olvidar los casos de Edwin Chota, defensor de la selva de Ucayali o José Napoleón Tarrillo, defensor del bosque de Chaparrí, o el reciente asesinato del líder asháninka Gonzalo Pío Flores, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus!


El Acuerdo de Escazú reconoce la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos grupos que defienden sus territorios y establece que “Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo”. Además, reconoce el derecho a acceder a información sobre planes y proyectos que puedan afectar el ambiente, así como  participar en los procesos de toda de decisiones, todo ello en el marco de los límites de cada legislación nacional.

También se ha dicho que el Acuerdo de Escazú busca paralizar las inversiones. Pero lejos de ser una amenaza para las inversiones, las empresas que buscan operar en el país de manera seria y responsable, respetando los derechos de todas las personas y en un marco de relaciones constructivas con las comunidades locales, deberían saludar este Acuerdo. “El sector privado ha desempeñado un rol activo en la promoción y la implementaction de principios democráticos alrededor del mundo, ya que el respeto al Estado de Derecho, la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad institucional facilitan la habilidad de las empresas en conducir sus operaciones. Estas prácticas muchas veces han beneficiado la reputación y rentabilidad de las empresas” como explica este artículo publicado en el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Si hay sectores que le temen al Acuerdo de Escazú, se trata de aquellos que quieren, por una u otra razón, que los activistas ambientales permanezcan en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran hoy en día.

Por ello, desde aquí abogamos por la urgente ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso peruano.

 

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NOTICIAS


Conflictividad vinculada a la minería persiste en el país y se complica ante registro de cerca de 3 mil trabajadores con COVID-19

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La presión del sector privado para no detener la actividad minera y su exigencia por protocolos sanitarios más flexibles, que no han protegido adecuadamente a los trabajadores mineros, trajo consigo que en el sector ya se tengan registrados cerca de 3 mil casos positivos de COVID-19, según declaraciones de la ahora ex Ministra de Energía y Minas, Susana Vilca. Esta situación crítica se suma a los conflictos sociales del sector minero; varios de los cuales se encuentra en estado de latencia y algunos activos, pese al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno en el marco de la pandemia.   

En su informe del primer semestre de 2020, el Observatorio de Conflictos Mineros analiza y remarca las múltiples responsabilidades de tal situación. Fue el 17 de marzo que, ante la insistencia del sector privado, que el Ejecutivo incluyó dentro de las actividades esenciales la explotación y construcción de proyectos mineros de interés nacional.

“Hoy tenemos que, según datos del Ministerio de Energía y Minas, son cerca de 3 mil los trabajadores mineros que se han contagiado al ser expuestos en el marco del reinicio de labores. La Sociedad de Minería y la Confiep hicieron mucha presión, sin pensar en las consecuencias y la necesidad de proteger de manera adecuada a sus propios trabajadores y a las poblaciones vecinas”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcción en el marco de este informe del observatorio.

Con información del Observatorio de Conflictos Mineros

 

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Cusco: paro indefinido en Espinar contra la empresa minera Antapaccay

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Foto tomada de: energiminas.com


Las organizaciones sociales de la provincia de Espinar, región de Cusco, aprobaron el inicio de un paro provincial indefinido a partir de las 00 horas del miércoles 15 en protesta contra la empresa Antapaccay, operada por Glencore, cuyos representantes se niegan a cumplir con la entrega del bono solidario de S/ 1000.

Esta medida fue anunciadapor los integrantes del Comité de Lucha Provincial de Espinar. La plataforma de lucha contiene cinco puntos:

  • Cumplimiento inmediato del desembolso de S/ 50 millones por parte de la minera Antapaccay para que se concrete el subsidio económico.
  • Reformulación del Convenio Marco de Espinar.
  • Rechazo al Proyecto Minero Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco mientras no entre a revisión ni a consulta previa.
  • Acceso a la justicia ambiental en el corredor minero.
  • Reestructuración urgente del Poder Judicial y Ministerio Público.


Esta última demanda responde al temor de la población a que queden impunes la muerte de David Chullunquia y Clara Chuctaya, presidenta de la comunidad Huisapata del distrito de Ocoruro.

Pese a que el bono solidario fue aprobado por el Comité de Gestión del Convenio Marco y siguió todos los procedimientos legales y técnicos, la minera insiste en que el proyecto “Mejoramiento de servicio de capacidades socioeconómicas para la reactivación económica familiar frente a la situación de emergencia COVID-19 en los 8 distritos”, el cual sustenta la entrega del bono solidario con un presupuesto total de S/ 50 millones con dinero del Convenio Marco de Espinar, no tiene base legal ni técnica ni tampoco cumple con los objetivos del convenio.

Con información de Derechos Humanos Sin Fronteras

 

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Presentan medida cautelar ante CIDH para que clínicas reciban a pacientes COVID-19 leves y graves

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Foto tomada de: La República

 

Hasta el martes 14 de julio, solo 12 clínicas de las 61 asociadas a la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP) firmaron el contrato con el Gobierno para recibir a pacientes con coronavirus que requieren una cama en cuidados intensivos.

La falta de estos equipos en los hospitales públicos causa que muchos enfermos esperen en sus puertas y mueran en pocos días. Por ello, Miguel Soria, exviceministro de Derechos Humanos, presentó una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mediante este recurso, pretende exigir que todos los centros de salud privados reciban a enfermos por coronavirus leves y graves.

“Lo que trata esta medida cautelar interpuesta ante la Corte Interamericana es que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias adecuadas para salvar la vida de las personas que hoy concurren a diversos hospitales a nivel nacional en busca de una atención de emergencia. La idea de esta medida cautelar es que evitemos que más personas mueran en la puerta de los hospitales”, explicó.

Con información de La República

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Apurímac: dos trabajadores de empresa minera Ares SAC fallecieron por COVID-19


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Imagen: Proactivo

Dos trabajadores de la empresa minera Ares SAC del Grupo Hochschild que laboraban en la unidad operativa Inmaculada, situada muy cerca al límite departamental entre Arequipa y Apurímac, fallecieron por contagio del COVID-19 tras permanecer internados en el hospital de apoyo Essalud Abancay de Las Américas.

Se trata de un subgerente de 42 años y un operario de 32 años, este último natural de Puno, que fallecieron hace unos días en el hospital apurimeño y fueron enterrados en el cementerio de Abancay bajo los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. A la fecha, permanecen internados otros 12 trabajadores de la empresa recibiendo cuidados intermedios y otros tres se encuentran en UCI con pronóstico reservado.

Cabe recordar que hace unos días la Ministra de Energía y Minas Susana Vilca reconoció que serían cerca de 3 mil casos de contagios entre los trabajadores del sector minero, a pesar de que se han establecido los protocolos sanitarios respectivos para el sector.

Con información del Observatorio de Conflictos Mineros

 

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Minem descarta “consulta previa virtual” para temas de minería

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Foto: El Comercio

El Gobierno del Perú descartó la posibilidad de hacer una “consulta previa virtual” a las comunidades nativas y campesinas del país sobre la explotación de temas mineros y de hidrocarburos en medio de la epidemia de la COVID-19.

”Nosotros vemos que no es necesario hacerlo por video conferencia sino in situ, personalmente”, anunció la ministra peruana de Energía y Minas, Susana Vilca, durante una rueda de prensa virtual con integrantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

Asimismo, la ministra admitió que las consultas previas se harán de manera presencial  y que –dentro de las coordinaciones con el Mincul sobre cómo avanzar dentro de la pandemia–  solo “había la idea de hacer las coordinaciones” para las consultas por videoconferencias.

Por su parte, el viceministro de hidrocarburo, Víctor Murillo, anunció que las reuniones para el proceso de consulta relacionado con el Lote 192, en Loreto, se dará de forma presencial “apenas sea posible que pudieran reactivarse”.

“Se ha tenido un avance importante, con algunas dificultades; sin embargo la pandemia empezó y por lo mismo esto se detuvo”, declaró a los medios.

Luego del anuncio realizado la semana anterior por la ministra de Economía, María Antonieta Alva, que abría la puerta a las “consultas virtuales”, las organizaciones indígenas, así como instituciones de la sociedad civil rechazaron la propuesta del Ejecutivo, ya que se pretendía desnaturalizar los mecanismos de la consulta previa, libre e informada.

“La participación y la consulta previa son instrumentos que permiten hacer valer otros derechos como la vida, la salud, el territorio integral ancestral, a un medio ambiente adecuado y equilibrado, entre otros”, señaló un pronunciamiento firmado por AIDESEP, CCP, CNA, CONAP, ONAMIAP y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (GTPPII-CNDDHH).

Con información de El Comercio y Servindi
 

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Minería: Adaptan protocolo a favor de empresas en perjuicio de trabajadores

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Imagen: Gobierno del Perú

Las modificatorias al protocolo del Ministerio de Energía y Minas (Minem) no buscan elevar el estándar de protección de la salud de los trabajadores sino favorecer a las grandes empresas mineras.

Así lo sostiene Gretta Zegarra, de la asociación CooperAcción, en un artículo en el que explica los cambios registrado en la modificatoria como reducir el número de personas en el grupo de riesgo o reducir la distancia mínima entre trabajadores.

A ello se agrega la eliminación de la especificación de que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es la instancia encargada de aprobar el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo.

Como si fuera poco, se quita al Viceministerio de Minas la facultad para verificar que los planes están elaborados de acuerdo a los Lineamientos del Ministerio de Salud y el protocolo del Minem.

Con información de CooperAcción y Servindi

 
 

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Huancavelica: decenas de trabajadores de empresa minera dan positivo a COVID-19

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Imagen: CODEHICA

30 trabajadores de la empresa Antapite SAC resultaron positivo de COVID-19, luego de ser evaluados el último jueves, por el director de la Micro red de salud de Huaytara y del centro de salud de Córdova. Todos son personal que labora en el campamento minero Ocobamba (Huancavelica).

Rubi Janampa, alcaldesa del distrito, mostró su preocupación porque ha solicitado a la Defensoria del Pueblo, fiscalía y policía nacional para que notifiquen a la empresa y cierre sus actividades mineras, sin embargo, aún no se ha logrado. De igual forma, la alcaldesa señala que ha sido informada que los trabajadores han sido trasladados a Ica para que, en la supervisión programada para el lunes a la empresa, no se encuentre personal con positivo de COVID-19. Son dos buses y 6 minivan que han desplazado a los trabajadores, 6 por la ruta de Betania y dos por la ruta de Ica. Rubi Janampa manifiesta ha coordinado con la DIRESA Huancavelica, con la policía de Cordova y la del distrito de los Aquijes, esta última intervino a uno de los buses, a los que le aplicaron la prueba rápida saliendo todos positivos y han sido trasladada al albergue del distrito de Salas.

La autoridad demanda sean atendidos, porque los trabajadores son seres humanos que necesitan atención de las autoridades. No se puede dejar abandonados a los trabajadores, la responsabilidad total es de la empresa, enfatiza Rubi Janampa.  Agregó que en 20 años de trabajo que tiene la empresa Minera Antapite en Ocobamba, no han invertido en la infraestructura, pese que hay el compromiso de invertir en las carreteras que están totalmente deterioradas, producto del desplazamiento de las maquinarias pesadas que ingresan y salen a la mina.

Con información de CODEHICA

 

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Pueblos indígenas se declaran en emergencia y movilización ante abandono en medio del COVID-19

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Imagen: AIDESEP

Los dirigentes de las organizaciones base de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP se declararon en movilización permanente en las regiones amazónicas, ya que denuncian que existe discriminación del Estado para atender estas zonas.

Asimismo, anunciaron acciones legal contra el Estado debido al “etnocidio y ecocidio” ante instancias internacionales por abandono y falta de acción, que propicia la muerte de cientos de indígenas.

Entre las pautas presentadas por los dirigentes indígenas resalta el rechazo a la posibilidad de consulta previa virtual planteada por la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, con la finalidad de acelerar el inicio de los proyectos mineros.

“Para nosotros es una aberración completa el promover la consulta previa virtual, cuando ha sido un mero formalismo desde los sectores del estado”, expresó Berlín Diques de Ucayali.

Asimismo, señalaron su rechazo a la continuación de actividades extractivas en los territorios. “Siguen operando las industrias extractivas y eso nos preocupa mucho; encima se nos propone una reactivación económica, cuando estamos en luto porque siguen falleciendo nuestros hermanos, nuestros sabios”, expresó Cauper Pezo.

Julio Cusurichi de Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes - FENAMAD, alertó que las concesiones de hidrocarburos, minería y tala afectan los derechos de los pueblos a la salud. “Mientras nosotros cumplimos el aislamiento, las empresas tienen luz verde del gobierno y les dan permiso para reactivar sus actividades incluso afectando a pueblos en aislamiento, eso no es correcto”, puntualizó

Con información de AIDESEP

 

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Loreto: Comunidades awajún inician medida de fuerza en Estación 5 del Oleoducto Norperuano

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Imagen tomada de La República

Las comunidades awajún de Loreto iniciaron este lunes una medida de fuerza en la Estación 5 del Oleoducto Norperuano, en protesta contra el Gobierno central que no ha atendido sus demandas en materia de salud ante la propagación del nuevo coronavirus en sus territorios.

Mediante un comunicado publicado hoy, la Federación Nativa del Río Apaga - Fenara - Manseriche invocaron a otras comunidades a sumarse al “control y defensa de nuestros territorios”, mediante el cierre de lotes petroleros, oleoductos, transporte y navegación de barcazas con crudo y cierre de cuencas.

En esa línea, también invocaron a las autoridades locales así como a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a iniciar un proceso de diálogo en su territorio.

Con información de La República

 

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COMUNICACIÓN GRÁFICA

ACTÚA.PE

La ex ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, informó en una reciente conferencia virtual con la prensa extranjera que los contagios de #covid19 en el sector minero de Perú ascienden a casi 3,000 trabajadores, con dos fallecidos→ http://bit.ly/304tG49


VIDEOS

¿Hemos aprendido la lección que nos dejó el artículo 19 de la Ley N° 30230?

Ver video: https://youtu.be/tiHylhGhzgY

Fuente: IDLADS

 


RECURSOS

Recuerda que puedes acceder al mapa web sobre empresas y derechos humanos en el Perú, en esta dirección: https://bit.ly/38YbcX8


Derechos en Emergencia - Reporte Semanal sobre Empresas y Derechos Humanos en Tiempos de COVID19, es una publicación de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA y 11.11.11.

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